By Cuatro expertas brindaron una capacitación en el marco de la investigación “Periodistas Amenazadas: Investigar para protegerlas” de FOPEA con apoyo de la UNESCO.
Como respuesta directa a la necesidad detectada en su investigación “Periodistas Amenazadas” – un relevamiento exhaustivo sobre las violencias que sufren las periodistas en Argentina realizado con el apoyo de UNESCO – FOPEA organizó una capacitación online los días 8 y 15 de abril de 2025.
El estudio Periodistas Amenazadas reveló una clara demanda de espacios para dialogar sobre estas problemáticas y de herramientas concretas para prevenir y mitigar las diversas formas de violencia que enfrentan las comunicadoras en el ejercicio de su profesión. Por ello, convocamos a destacadas expertas para compartir conocimientos y estrategias prácticas durante estas jornadas, buscando ofrecer recursos valiosos y responder a la urgencia de fortalecer la seguridad y protección de las periodistas en nuestro país.
A continuación, compartimos un resumen de las ponencias de las expositoras.
Violencia Digital: “Una de las formas contemporáneas de violencia por razones de género”
Ana Correa, abogada por estudios y comunicadora por vocación, aportó su profunda especialización en cibercrimen, evidencia digital, inteligencia artificial y derecho a la capacitación organizada por FOPEA. Como coordinadora del posgrado sobre violencia de género en entornos digitales en la Facultad de Derecho de la UBA, su participación fue fundamental para enmarcar la problemática desde una perspectiva legal y de derechos humanos, abordando un tema crucial identificado en la investigación de FOPEA sobre periodistas amenazadas.
En su intervención, Ana Correa comenzó explicando por qué es necesario hablar específicamente de violencia digital de género, detallando cómo esta vulneración de los derechos humanos afecta de manera diferenciada y desproporcionada a mujeres, niñas y personas de la comunidad LGBTIQ+, en comparación con los varones. Delimitó los espacios donde esta violencia se ejerce con mayor frecuencia: redes sociales, plataformas diversas, aplicaciones de citas, juegos en línea y mensajería instantánea.
La experta desglosó las múltiples y crecientes modalidades que adopta la violencia digital. Entre ellas, mencionó el ciberacoso persistente, la difusión no consensuada de material íntimo (imágenes, conversaciones, audios), el doxing (publicación de datos personales como direcciones), el trolling organizado para hostigar en masa, la sextorsión, la producción y difusión de fake news, el body shaming, las limitaciones a la autonomía digital, el cyberflashing y las preocupantes deepfakes con contenido sexual.
Correa profundizó en las características específicas que presenta la violencia online cuando se dirige contra periodistas mujeres. Señaló que suele ser una represalia directa a sus publicaciones o intervenciones, con un fuerte componente misógino que se centra en aspectos sexuales y físicos, llegando a amenazas de violación. Alertó sobre la grave escalada que supone incluir comentarios o amenazas dirigidas a la familia, y cómo se reeditan en el ámbito digital estereotipos de género como el de la mujer “mentirosa” o “exagerada” para desacreditar sus denuncias.
La abogada enfatizó que las consecuencias de la violencia digital no se limitan al entorno online, sino que se traducen en violencia offline concreta y palpable. Detalló los severos daños psicológicos, vinculares, económicos y sociales que provoca, y cómo esta forma de violencia es reconocida explícitamente por organismos internacionales de protección de derechos humanos como una grave barrera para el disfrute de derechos y libertades, endilgando responsabilidad a los Estados.
Finalmente, Ana Correa brindó herramientas legales y prácticas iniciales. Destacó la importancia de la Ley Olimpia en Argentina, que incorpora la violencia digital a la ley de protección integral, aunque su implementación aún enfrenta desafíos. Recomendó estrategias fundamentales como el autocuidado digital, la preservación rigurosa de pruebas (mencionando el código hash), la denuncia formal y, sobre todo, la cooperación y el acompañamiento mutuo entre colegas para resistir el silenciamiento y defender el espacio en el debate público.
“No Alimentes al Troll”: Herramientas Prácticas para la Autodefensa Digital
Ana Prieto, periodista con una sólida trayectoria en verificación de datos y edición de investigación digital en la agencia AFP para Latinoamérica, ofreció una sesión eminentemente práctica en la capacitación de FOPEA, enfocada en estrategias de protección y acción frente al creciente acoso digital. Su objetivo fue dotar a las y los periodistas de herramientas concretas para navegar un entorno online a menudo hostil.
Inició definiendo el ciberacoso como comportamientos abusivos e intimidatorios diseñados para humillar, silenciar y desacreditar profesionalmente, destacando la particular vulnerabilidad de las mujeres periodistas, quienes frecuentemente enfrentan esta violencia en soledad, sin respaldo institucional de sus medios. Repasó las formas comunes de ataque: desde comentarios misóginos hasta la tergiversación de coberturas, difusión de narrativas falsas, trolling coordinado y ataques a la privacidad como el doxing.
Prieto propuso un auto-diagnóstico de la huella digital como primer paso para la protección: investigar qué sabe internet sobre nosotros buscando nombres e imágenes en distintos buscadores. A partir de allí, recomendó acciones para “limpiar” esa huella: borrar publicaciones antiguas o sensibles, revisar y reforzar la configuración de privacidad en redes sociales (recomendando cuentas privadas para lo personal y abiertas sólo para lo profesional cuidado), utilizar Alertas de Google para monitorear datos personales y considerar solicitar a Google la remoción de información no deseada.
La seguridad de las cuentas fue otro eje central. Ana Prieto insistió en la creación de contraseñas largas (mínimo 12 caracteres), complejas (combinando mayúsculas, minúsculas, números y símbolos) y únicas para cada servicio. Recomendó el uso de administradores de contraseñas para gestionar esta complejidad (mencionando 1Password como opción gratuita para periodistas) y subrayó la activación de la autenticación en dos pasos (2FA) mediante aplicaciones como Google Authenticator como una capa de seguridad indispensable, comparable a una doble cerradura en una puerta.
Ante un ataque en curso, Prieto detalló la importancia crucial de documentar la evidencia de forma robusta. Explicó que las capturas de pantalla son un primer paso, pero insuficientes como prueba. Presentó herramientas específicas como Archive.Today para archivar publicaciones web de forma permanente, grabadores de pantalla para registrar ataques masivos, Export Comments para recolectar comentarios y diversas opciones para descargar videos de distintas plataformas.
Finalmente, la capacitadora puso un fuerte acento en la salud mental. Recomendó encarecidamente no responder a los agresores para no “alimentar al troll” ni al algoritmo. Sugirió pedir ayuda a terceros para documentar los ataques si resulta demasiado doloroso, y tras el registro, considerar silenciar o bloquear. Subrayó la necesidad de desconectarse, buscar apoyo en redes de contención (colegas, amigos, organizaciones), informar al medio de comunicación (insistiendo hasta obtener respuesta) y, en casos de ansiedad o estrés persistente, recurrir a ayuda profesional.
El Mapa de la Violencia: Hallazgos Clave sobre el Riesgo Periodístico en Argentina
María Verónica Llueto, abogada, Magister en Gestión Política y Doctora en Política y Gobierno por la Universidad Católica de Córdoba, aportó su rigurosa perspectiva académica y su experiencia en investigación sobre género a la capacitación de FOPEA. Como codirectora de un proyecto sobre violencias entramadas y consultora, fue la responsable de exponer en detalle los resultados de la investigación “Periodistas Amenazadas”, realizada por FOPEA con apoyo de UNESCO.
En su presentación, Llueto contextualizó la investigación (llevada a cabo entre julio y diciembre de 2024) y explicó su metodología mixta, que combinó una encuesta a 215 periodistas de las 24 jurisdicciones argentinas con entrevistas cualitativas en profundidad. Enfatizó la relevancia de este tipo de estudios para visibilizar la magnitud real del problema, demostrar su carácter sistémico, reconocer la diversidad de experiencias interseccionales, comprender los impactos individuales y sociales, identificar causas contextuales y, fundamentalmente, informar el diseño de acciones preventivas y de mitigación.
La investigadora compartió datos cuantitativos clave que arrojó el estudio. Destacó la alta prevalencia de la violencia psicológica (150 de 215 encuestadas la sufrieron), seguida por la violencia institucional y económica (115 casos cada una), la violencia en línea (100 casos), la sexual (84 casos), la laboral y la física. Precisó que la mayoría de estas violencias se concentran al inicio de la carrera profesional, excepto la digital que es constante, y que los agresores más frecuentemente identificados son superiores jerárquicos, compañeros de trabajo y funcionarios públicos, sumándose los ciudadanos particulares en el caso de la violencia online.
Llueto complementó las cifras con la riqueza de los testimonios cualitativos, que ilustran cómo se materializan estas violencias en situaciones concretas: discriminación por embarazo o maternidad, agresiones físicas en coberturas, o microagresiones insidiosas como dificultar el acceso físico al lugar de trabajo. Presentó datos sobre el impacto devastador de estas experiencias, primordialmente en la salud mental y general de las periodistas (identificado por 204 de 215), y en su desarrollo profesional, manifestado en censura, renuncias o estancamiento.
Profundizando en el contexto, Llueto detalló el perfil de las encuestadas (mayoría entre 36-60 años, alto nivel educativo, muchas jefas de hogar) y las barreras identificadas para el progreso profesional: factores culturales y la sobrecarga de tareas de cuidado. Mencionó la percepción mayoritaria de una brecha salarial con los varones por igual tarea y la falta de capacitación efectiva en género dentro de los medios. Expuso también la principal reacción ante la violencia: comentarlo con otras mujeres, la baja tasa de denuncias formales y la frecuente inaplicación de los protocolos existentes.
Finalmente, Verónica Llueto conectó estos hallazgos con la necesidad de soluciones concretas. Presentó las medidas más valoradas por las periodistas para prevenir la violencia: capacitaciones en seguridad digital, implementación efectiva de protocolos y procesos internos, y facilitación de denuncias. Argumentó sólidamente sobre la importancia de contar con protocolos, no solo como herramienta reactiva, sino como instrumento de prevención (al definir y visibilizar las violencias), protección (brindando asesoramiento y acompañamiento), procedimiento (clarificando pasos y sanciones), mejora del clima laboral y cumplimiento de obligaciones legales como el Convenio 190 de la OIT. Concluyó introduciendo la propuesta de protocolo modelo desarrollada por FOPEA.
Espejismos de Papel: La Brecha entre los Protocolos y la Protección Real en el Periodismo
Sandra Chaher, destacada comunicadora feminista y presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, aportó a la capacitación de FOPEA una perspectiva regional y un análisis crítico sobre la implementación de protocolos contra la violencia de género en los medios. Con una sólida formación en comunicación, género y derecho, y como autora de numerosas publicaciones, compartió hallazgos de la investigación “Medios sin violencia”, realizada por su organización con apoyo de la UNESCO.
La investigación regional, cuyos datos se recogieron a fines de 2023 e inicios de 2024 a través de encuestas a 108 periodistas de 14 países y análisis de protocolos, reveló un panorama complejo. Si bien un 57% de los medios no tenía protocolos, Chaher interpretó el 43% restante como un avance significativo post-“Ni Una Menos”. No obstante, la alta conciencia sobre casos de violencia (75% de las encuestadas conocía al menos uno) contrastaba con la escasa presencia de áreas especializadas (sólo 18.5% de los medios, mayormente grandes).
Chaher expuso las tensiones y desafíos evidenciados en el estudio. Señaló que los protocolos suelen surgir reactivamente tras escándalos de abuso, y no como parte de una política preventiva integral. Alertó sobre la falta de recursos en medios pequeños para desarrollar e implementar estas herramientas, sugiriendo la formación de alianzas con ONGs especializadas como posible solución. Criticó la frecuente impunidad de los agresores, a menudo protegidos por ocupar posiciones jerárquicas, y la existencia de protocolos “cajoneados”, sin difusión interna ni aplicación real.
El análisis detallado de 27 protocolos existentes (de medios y sindicatos) mostró una gran heterogeneidad: algunos bien alineados con los derechos humanos, pero otros con sesgos discriminatorios. Identificó puntos débiles recurrentes: la falta de claridad sobre la responsabilidad del medio en casos de violencia digital relacionada con el trabajo, un acompañamiento a las víctimas a menudo limitado y sin enfoque integral (posiblemente por costos), escasas estrategias de prevención y abordaje de riesgos psicosociales, y un pobre desarrollo de sanciones efectivas y mecanismos de reparación.
Uno de los datos más preocupantes presentados fue la bajísima tasa de denuncias formales (menos del 30% de los casos relatados). Chaher vinculó directamente esta cifra con la percepción generalizada de impunidad (en más de la mitad de los casos los agresores no fueron sancionados) y el alto riesgo de represalias para quienes denuncian (despidos, amenazas, quite de tareas en un 41.5% de los casos reportados). El perfil de los agresores, tanto offline (superiores, colegas) como online (figuras políticas, gubernamentales, mediáticas), confirmó la implicación de estructuras de poder.
En sus conclusiones, Sandra Chaher reafirmó la alta prevalencia de la violencia y la persistencia de redes de complicidad que protegen a los agresores. Si bien los protocolos y áreas especializadas son valorados por las trabajadoras, su efectividad se ve minada por la falta de recursos, la complejidad del contexto sociopolítico y la resistencia a implementarlos genuinamente. Constató que el apoyo real proviene fundamentalmente de redes de pares y organizaciones externas, no de las empresas, y mencionó con preocupación el retroceso de figuras como las editoras de género en Argentina, en un contexto más amplio de disputa sobre las políticas de igualdad.
